La iniciativa legal destinada a proteger el Parque de las Cavernas del Río Camuy sigue sin resolución, mientras que la gobernadora está revisando la medida que fue pasada por la Legislatura. El plan, que recibió aprobación unánime tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo asegurar que la dirección, operación y preservación de este notable parque natural continúen bajo la administración exclusiva del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
Aunque hay un acuerdo legislativo, la gobernadora todavía no ha decidido si aprobará la propuesta que recibió el 25 de junio. Ante las preguntas de varios grupos, la gobernadora afirmó que está revisando la iniciativa con el apoyo de sus consultores y equipo legal. Indicó que cualquier resolución debe realizarse «de manera responsable», después de evaluar sus consecuencias legales y administrativas.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy, considerado una joya del patrimonio natural puertorriqueño, ha sido objeto de múltiples debates en los últimos años debido a propuestas de privatización o de traspaso parcial de su manejo a otras entidades. La nueva legislación busca evitar precisamente esas posibilidades, estableciendo por ley que cualquier operación relacionada con el parque debe estar en manos del DRNA, que es el organismo con peritaje en el manejo ambiental y la conservación de ecosistemas.
El texto legislativo responde a preocupaciones de organizaciones ambientales, comunidades cercanas y empleados públicos, que temen que un modelo de concesión a terceros pueda derivar en la degradación de este recurso natural o en la exclusión de sectores vulnerables del disfrute del mismo. Diversas voces han denunciado la posibilidad de que se prioricen los intereses comerciales por encima de la protección ecológica.
El DRNA ha manifestado disposición para una administración compartida que posibilite colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro o de la iniciativa privada, siempre que estén bajo la supervisión del gobierno. No obstante, grupos legislativos y ciudadanos han demandado una garantía más sólida para prevenir que el parque se transforme en un proyecto turístico sin regulaciones ambientales.
Durante su conferencia de prensa semanal, la gobernadora no ofreció detalles sobre si mantiene una postura favorable o contraria a lo establecido en el proyecto. Su equipo reiteró que se encuentran revisando cada aspecto de la medida y evaluando su viabilidad en términos presupuestarios y legales. Mientras tanto, la falta de una decisión alimenta la incertidumbre sobre el futuro del parque.
El Parque de las Cavernas del Río Camuy abarca tres municipios en la región norte de la isla y es hogar de uno de los sistemas de cuevas más extensos del hemisferio occidental. Durante muchos años, ha sido un punto de interés turístico crucial, además de servir como un lugar para la investigación científica y la preservación. El huracán María en 2017 causó graves destrozos en su infraestructura, y desde entonces, su reapertura ha sido gradual y ha enfrentado numerosos desafíos.
La reactivación completa del parque sigue pendiente, y algunos sectores consideran que la firma de esta ley ayudaría a canalizar recursos y establecer una política clara de protección. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre si el DRNA cuenta actualmente con la capacidad operativa y financiera para asumir plenamente esta responsabilidad.
Mientras se aguarda la decisión de la gobernadora, el tema ha despertado un amplio interés en la opinión pública, especialmente en sectores ambientales, académicos y turísticos. La incertidumbre prolongada podría retrasar aún más los esfuerzos por revitalizar el parque y consolidar su rol en la promoción del ecoturismo y la educación ambiental.
El resultado de esta acción establecerá un ejemplo para otros recursos naturales de la nación, en una época en que se incrementan las discusiones sobre la administración de bienes públicos y el papel de entidades privadas en su progreso. La aprobación o rechazo de esta iniciativa legal afectará de forma prolongada el modelo de gobernanza ambiental que será utilizado en Puerto Rico en los años venideros.