El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, afirmó que la reciente destitución de cinco integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tendrá repercusiones en los contratos vigentes ni en las gestiones energéticas que actualmente se desarrollan en la isla.
Colón explicó que, a pesar de los cambios en la composición de la JSF, el Gobierno de Puerto Rico mantiene la capacidad de continuar defendiendo y administrando los intereses del país en materia de energía. Subrayó que las funciones esenciales, como garantizar el suministro de combustible, la estabilidad del sistema eléctrico y la seguridad energética, seguirán su curso sin interferencias, ya que son responsabilidades indelegables del Ejecutivo.
El funcionario destacó que los proyectos en marcha, así como las negociaciones relacionadas con la infraestructura y el abastecimiento energético, no se verán interrumpidos por las modificaciones en el organismo fiscal. Según precisó, las determinaciones sobre políticas y contratos del sector seguirán basándose en criterios técnicos y en el interés público.
Uno de los temas que ha generado mayor atención es el contrato con la empresa New Fortress Energy (NFE), que opera el único terminal de gas natural en el norte de Puerto Rico desde 2018 bajo un acuerdo de arrendamiento de muelle. Colón ha cuestionado la validez de este contrato, al considerar que debió ser evaluado por la JSF en su momento, lo que podría implicar que sea anulable.
A pesar de estos comentarios, el representante afirmó que el convenio con NFE seguirá llevándose a cabo según lo acordado y que el Ejecutivo está investigando formas de diversificar la llegada de suministradores para disminuir la dependencia de un único proveedor. Según lo declarado, esta meta pretende reforzar la seguridad enérgica y propiciar condiciones más competitivas para el mercado nacional.
La discusión respecto a los contratos de energía se intensificó tras la negativa de la JSF a un contrato propuesto con NFE para abastecer gas natural licuado durante 15 años. Este acuerdo, que contenía condiciones vistas como perjudiciales para el Estado, fue retirado del trámite por la Oficina de Alianzas Público-Privadas (3PPO). Colón explicó que las condiciones establecidas fueron “impuestas” y no producto de una negociación transparente, lo que llevó a la decisión de no continuar con la propuesta.
El representante subrayó que la partida de los integrantes de la JSF no implica una falta de control en los procesos de energía y que la Administración sostendrá una posición decidida para asegurar que las inversiones y contratos satisfagan las necesidades de la ciudadanía y no intereses foráneos.
En este contexto, Colón reiteró que el Ejecutivo seguirá impulsando políticas para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, optimizar la generación y fortalecer la infraestructura. También recalcó que las transformaciones en el sector energético se implementarán con transparencia y bajo un marco regulatorio que priorice el bienestar colectivo.
Así, la dirección intenta comunicar un mensaje de estabilidad y continuidad en un contexto fiscal que, a pesar de sus transformaciones, no alterará el plan establecido para el sector energético de Puerto Rico.